Obispos, "preocupados" por el desconocimiento de la voluntad popular en Venezuela


El Episcopado venezolano expresó hoy su "preocupación" porque en el país se ha abierto un proceso de "desconocimiento de la voluntad popular" y de "creciente arbitrariedad en la administración de justicia", por lo que "exhortó" a "restaurar el Estado de Derecho".

Los obispos, reunidos en la XXXIX Asamblea Extraordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), también resaltaron que el Gobierno de Hugo Chávez aplica medidas que buscan "limitar la autonomía de los medios de comunicación".

Los obispos señalaron que les "preocupa que diversos actores de la sociedad desconozcan la voluntad popular expresada en las elecciones regionales de noviembre de 2008, e impidan o coarten la acción de autoridades elegidas legítima y democráticamente por el pueblo".

Dicha situación "entorpece la existencia de una sociedad plural y genera dudas sobre la validez y eficacia del voto en los comicios electorales", agregaron los jerarcas católicos.

La oposición denuncia que el Gobierno aplica medidas que restan competencias a los gobiernos regionales y municipales que ganaron en los comicios de noviembre pasado y que suman cerca del 20 por ciento del total de 23 estados y 330 alcaldías.

La semana pasada, amparado en una nueva ley aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento, Chávez designó a Jaqueline Faría como la primera "jefa de gobierno de Caracas", quien en la práctica ejercerá muchas de las competencias correspondientes al líder opositor Antonio Ledezma, titular de la Alcaldía Metropolitana.

Los opositores también ha denunciado que el Gobierno "revolucionario" de Chávez ha arreciado su cerco a la disidencia, y presenta como ejemplo la condena a 30 años de presión contra tres jefes policiales señalados como responsables de varias de las 19 muertes registradas el 11 de abril de 2002.

Esos hechos de sangre degeneraron en el golpe de Estado que ese mismo 11 de abril separó brevemente a Chávez del poder.

En ese sentido, los obispos afirmaron que en el país "aumentan las críticas a la creciente arbitrariedad en la administración de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condición de ciudadanos, iguales ante la ley, sino por su adhesión ideológica o militancia política".

Calificaron como "inaceptable jurídica y éticamente" que en un sistema judicial "no se siga el debido proceso, se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas (...) y se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política".

La CEV además señaló que en Venezuela se "ha mermado el derecho que tiene la ciudadanía a una información veraz", mediante "una progresiva escalada de intervenciones oficiales" que pretende "limitar la autonomía de los medios".

Para ello, añadieron los prelados, "se aplican criterios diversos: unos para los medios oficiales o afectos al proceso, y otros para los demás", añadieron los prelados.

A su juicio, ese "conjunto de situaciones que ponen de relieve una progresiva identificación de partido-Gobierno-Estado (...) propicia la exclusión y refuerza la polarización y división del país, y produce una crisis en el sistema democrático".

"La democracia supone separación de poderes, pluralidad de pensamiento e igualdad de condiciones más allá de los discursos", agregaron los obispos venezolano.

Desde que Chávez asumió el poder, en 1999, la Iglesia católica ha alertado de manera insiste sobre la presuntas amenazas que se ciernen sobre la democracia venezolana, lo que le ha valido duras críticas del presidente, que acusa a los obispos de actuar como factores de oposición política